Las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, que agrupan a 14 comunas periféricas y rurales de la Región Metropolitana, son un símbolo de la privatización del uso del agua para fines económicos por sobre su garantía como derecho humano básico.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente, no es feliz destacar el ejemplo que constituye la realidad de las tres provincias que componen el distrito 14, a pocos kilómetros del Gran Santiago. Y es que las 14 comunas se encuentran hace años con decretos de escasez hídrica, así como con restricciones de explotación de agua subterránea en 34 sectores hidrogeológicos del río Maipo, Yali, Rapel y Cachapoal-Maipo. Es más, desde el 2008 es zona de prohibición el acuífero Maipo en Paine, comuna donde se secó la Laguna de Aculeo.
Pero esta realidad no responde solo a los efectos del cambio climático y calentamiento global, sino que al desvío, extracción ilegal y robo de agua en la zona, donde los los suministros de agua potable y saneamiento para las comunidades se han visto menoscabados por las prioridades de uso agrícolas definidas por propietarios de derechos de aprovechamiento de agua y en particular empresas nacionales y transnacionales.
Una consecuencia gráfica de lo anterior en las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla es que suman 19.372 viviendas rurales con fuentes informales de agua potable, en las que habitan más de 65 mil personas, que constituyen el 37% de la población rural del distrito. Cuando señalamos “fuentes informales de agua potable” hacemos referencia a fuentes de consumo sin tratamiento de potabilización, tales como: aguas superficiales (río, vertiente, estero o lago), subterránea (pozos) y camiones aljibes.
A nivel nacional el porcentaje de población rural sin fuentes formales de agua potable en relación a la población rural total es de 47,2% (Amulen, 2019), por lo que en las tres provincias del distrito nos llama la atención y pone las alertas los casos de comunas que sobrepasan el total país, como Peñaflor (75%), Talagante (73%), Padre Hurtado (53,2%), Isla Maipo (49,7%), San Pedro (49,7%) y un poco más abajo del porcentaje nacional, Curacaví (41,7%).
Mientras, que dentro de las fuentes informales de agua potable, encontramos la indigna realidad del abastecimiento vía camiones aljibes, que en el distrito alcanza a más de 5.300 habitantes, particularmente concentrado en las comunas de San Pedro (963), Melipilla (922) y Curacaví (900).
Esto es solo parte del funesto panorama que ha implicado la privatización del agua en estas tres provincias, particularmente con la concentración de derechos de agua en grandes empresas agrícolas, como Viña Ventisquero, Avícola El Monte, Agrícola Robledal y Agrícola Ariztía, entre otras. Así como en todo el país, que cuenta con 138 comunas con escasez hídrica, casi 400 mil viviendas carentes de agua potable; sobre 1 millón de personas sin fuentes formales de abastecimiento de agua y el 80% de las cuencas del país sobre-otorgadas.
La garantización real del acceso al agua como derecho humano y la priorización de su uso para las comunidades, por sobre la utilización industrial, en la Nueva Constitución es una necesidad urgente para el país, donde hoy por hoy el mercado define los usos y tiene mayor acceso al agua una hectárea de paltos que una localidad, como Chada, Loica o Tantehue.
Marcela Sandoval, Diputada distrito 14, provincias de Maipo, Talagante y Melipilla.
