Una cosa quedó bien clara hoy en la mesa de trabajo realizada en las oficinas del Agua Potable Rural (APR) de Colonia Kennedy, en Paine: los vecinos enfrentarán con todas las fuerzas los 102 proyectos mineros que buscan instalarse en la comuna y que afectarán gravemente el consumo domiciliario de agua, el riego de plantaciones y, lo más importante, la calidad de vida de la comunidad.
Convocada por el Comité “No a las Mineras en Paine”, liderada por la presidente Marcela Rojas, la iniciativa buscaba reunir a la comunidad, autoridades locales, municipales, ministeriales y parlamentarias para avanzar en soluciones que, necesariamente, parten por evitar que llegue a término la solicitud de concesión de explotación minera, denominada “Las Luciérnagas”, sobre el Cerro Challay.
“No queremos que se instale una minera, no queremos vengan a nuestros cerros independiente de los dueños que tengan. No las queremos en el cordón de la cordillera de Los Andes ni de la Costa”. Pediremos a las autoridades competentes un informe hidrogeológico y que los seremis de Medio Ambiente, Minería y Agricultura trabajen acá con nuestras propuestas y nos den respuestas serias”, dijo Rojas.
“No dudaremos en volver a tomarnos la carretera o implementar otras acciones de presión, porque de la misma manera logramos sacar de acá a Luksic y su planta cervecera”, completó.
De la mano
El municipio de Paine, que comparte la férrea oposición a las mineras, viene trabajando de la mano con el comité hace un par de meses. De hecho, fue trascedente la audiencia pública que sostuvieron con los vecinos. Y así lo dejó en claro su alcalde Rodrigo Contreras, quien en conversación El Amanecer de Lo Herrera, precisó que “acá el problema debe solucionarse incluyendo a los gobiernos locales y no tanto en el central, porque hoy somos meros tramitadores de solicitudes y oficios. Deben darnos más atribuciones para ser resolutivos, y por eso fuimos hasta la Convención Constitucional para pedirles que consideren este punto cuando se analicen los temas medioambientales”.
“Ahora bien, el municipio hoy, cuando existe una denuncia de extracción de agua, la tomamos y la derivamos inmediatamente a la Dirección General de Aguas (DGA) y le hacemos el trámite al vecino. Y no vamos a detenernos a la hora de pedir ese rol fiscalizador”, dijo el edil, quien agradeció a todo su equipo municipal el apoyo que brindaron a la comunidad para desarrollar esta mesa de trabajo en Colonia Kennedy.
Privilegios
Otro flanco de ataque se abre en lo jurídico, donde el abogado ambientalista Alvaro Toro explicó a los asistentes que “luego de que el tribunal pidiera a esta empresa las evaluaciones para constatar si es que podían ingresar o no al cerro, hasta la fecha no ha hecho nada más, dejó caer el tema. Entonces, es una buena oportunidad para que el municipio o los mismos habitantes de Colonia Kennedy soliciten que se cumplan las exigencias establecidas por norma general, que estipula que un procedimiento civil que no ha tenido avances en seis meses quede archivado, primero provisoriamente, y luego en forma definitiva”.
“Esto demostraría que la gente de Paine está atenta y que pondrá todos los obstáculos para que no avancen estos proyectos mineros, a la espera de los cambios radicales que se deben hacer en la Convención Constitucional y el nuevo Congreso. Hablamos de modificar los privilegios que tiene la minería sobre cualquier otra actividad, ya sea agrícola, habitacional y/o recreativa”, agregó el abogado.
“La resistencia ya comenzó”
Otra fuerza congregada en la mesa fue la parlamentaria, en este caso, representada por la diputada Marisela Santibáñez (PC) y su par Leonardo Soto, ambos del Distrito 14. “Hay que defender con toda la fuerza a los APR, el compromiso tiene que ser mucho más allá de un slogan o participar de una actividad. Hay que tener acciones concretas, y la primera es lograr el cambio de Constitución Política, donde el agua quede resguardada como derecho. La segunda, la comunidad debe y tiene que estar organizada”.
Por su parte, Leonardo Soto comentó que “la resistencia ya comenzó, por lo que pediremos a través del Congreso que las autoridades que hoy vinieron, como la DGA y Medio Ambiente, realicen ahora un estudio del agua disponible que existe en Paine, tenemos que saber qué tan frágil está la cuenca. Y si bien el estudio tiene su costo, las autoridades tienen la obligación de hacerlo para buscar el bien de todos los paininos frente a la amenaza minera”.
5.000 toneladas
La mina denominada “Luciernaga de Kennedy” sería una más de las 22 concesiones de explotación en Paine ya otorgadas, quedando con toda la tramitación lista para ingresar un proyecto al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y demás organismos sectoriales, sin necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental si el proyecto fuera menor a 5.000 toneladas.
De las concesiones mineras actuales, 9 corresponden a concesiones de Minera Florida, una empresa canadiense que explota en Alhué, muy cuestionada por sus malas prácticas ambientales y que ha sido sancionada y obligada a realizar compensaciones ambientales. Es más, quienes trabajan con la Corporación “Altos de Cantillana” sostienen que la minera es cliente de esta corporación, lo que facilita la existencia de concesiones a su favor, todo potenciado por la relación cercana con los dueños de los predios.
Talar
“Victoria” es otro proyecto minero enquistado en Paine, claro que en la cuenca de Aculeo, muy cerca de la reserva natural “Altos de Cantillana” y próxima a una importante roblería, reconocida mundialmente por sus particulares características. Las zonas afectadas por el proyecto serán Champa, Mansel, El Vínculo, Abrantes, Huiticalán, El Manzanito, Pintué y Rangue. En cuanto a los riesgos, está la contaminación ambiental al contemplar distintos métodos para la búsqueda de minerales que, en ocasiones, requiere talar bosques, hacer caminos y otro tipo de intervenciones.
Información www.delh.cl
